domingo, 6 de octubre de 2013

En Mapamundi dialogamos acerca de la llamada "Primavera Árabe".  Nuestro entrevistado, el politólogo Diego Ayo, hizo un análisis de los cambios operados en Egipto, Irán, Marruecos o Jordania. El analista explicó que en el momento en que las transformaciones se limitaron solamente a lo electoral, los únicos ganadores fueron los islamistas radicales. Ello llevó a una exacerbación de los conflictos y a una situación de desestabilización. En Egipto, el resultado ha sido un golpe de Estado que ha significado un quiebre de la democracia. Ayo piensa que lo electoral no es suficiente para edificar una democracia.  

Audio: Entrevista con Diego Ayo y Alison Spedding (Radio Erbol).

Entrevista en Radio Erbol a Diego Ayo y Alison Spedding

La entrevista.

La popularidad de Evo. Un comentario a Fernando Molina


Con Fernando Molina, como se dice, “no hay pierde”. Del lado que se le vea escribe siempre cosas inteligentes. Y su último ensayo publicado en la prestigiosa revista Nueva Sociedad es sólo la ratificación de lo que ya sabemos: nos va a decir algo y sí, lo va a hacer bien.[1] ¿Qué es lo que nos dice en esta ocasión? Pues como lo dice el título de su ensayo, la pretensión es saber por qué Evo sigue siendo popular y la carta de mayor presencia de cara a las elecciones presidenciales de diciembre de 2014. La respuesta que da es indudablemente correcta pero quisiera agregar algo, o más que agregar, quizás la palabra correcta sea ordenar algo. Voy a intentar en este artículo ofrecer algunas pistas adicionales que tiendan en esa dirección. Mi intención, por tanto, es demostrar, haciendo eco a lo sugerido por Molina, que el gobierno adquiere esta popularidad gracias a sus variadas formas de relacionamiento con la sociedad civil: corporativa, informal/ilegal, rentista, asistencialista y residual. En ese sentido, conviene ver qué sucede con cada una de estas sociedades. Una vez que se lo haga se concluye con una reflexión sobre lo que denomino el modelo patrimonial de vinculación Estado-sociedad civil que caracteriza al gobierno de Evo Morales, partiendo de la certeza de que es precisamente éste el que ha posibilitado que su líder máximo siga siendo popular.
1.       La sociedad asistencialista
Siguiendo a Molina, esta sociedad es aquella que se limita a recibir subvenciones, transferencias no condicionadas, condonaciones y otros subsidios estatales. Es decir, es unja sociedad sujeta a una dinámica estatal distributiva. Molina explica precisamente cómo es que se va a mejorar esa distribución. Señala cinco políticas que han sido desarrolladas. Uno, las políticas de control de precios alimenticios: “el gobierno ha destinado 395 millones de dólares a estabilizar los precios mayoristas de la harina, el azúcar, el arroz, el maíz amarillo y el trigo” (p.7). Dos, las políticas propiamente asistencialistas: se han distribuido bonos que benefician al 33% de la población y/o se ha puesto en marcha el Evo Cumple que “hasta ahora ha gastado 480 millones de dólares en 3.900 pequeños proyectos de rápida ejecución”. Tres, las políticas permisivas (o de fomento a la ilegalidad): “la cifra del contrabando llegaría a 1.850 millones de dólares, 7,4% del PIB” (p.8) y aunque el autor no da cifras incluye en este campo el comercio de la drogas que generan mucho empleo. En verdad este punto es esencial pues se ha visto en otros estudios (los estudios del PIEB sobre “nuevas élites en Bolivia”) los grupos de poder económico tienen lazos con el comercio y el transporte en ámbitos donde lo legal e ilegal se difumina. Cuatro, las políticas orientadas a mejorar los servicios, en las que se incluye la aplicación de la Tarifa Dignidad en el servicio de agua potable que “costó más de 8,5 millones de dólares de ingresos a las compañías eléctricas” (p.8); “el congelamiento de los precios de los combustibles a un costo de casi mil millones de dólares (…) Esta política ayuda a controlar el nivel de tarifas del transporte muy importantes para la población más pobre que gasta entre el 80 al 90% de sus ingresos en este rubro y en la compra de alimentos” (p.8); “el control de las tarifas aeronáuticas y de telecomunicaciones pro medio de la presencia en estos mercados de compañías estatales (BOA y ENTEL)” (p. 9), “la eliminación del costo de los documentos que solicitan los ciudadanos a distintas instancias estatales y privadas como los certificados de nacimiento, los títulos de bachillerato, los registros profesionales, etc” (p.9), “un crédito de 100 millones de dólares a los sindicatos de transporte (….) y “la contratación directa de 130 mil mujeres desempleadas en el Plan Nacional de Empleo de Emergencia” (p. 9). Y, cinco, las políticas económicas que tienen que ver con la estatización de las empresas estratégicas estatales y la creación de otras “pequeñas empresas estatales que no parecen muy sostenibles, como una planta de fabricación de cartón, procesadoras de leche y frutas (…) estas compañías tienen la ventaja de haberse instalado en lugares apartados, lo que aunque complota contra su eficiencia, les concede un valor simbólico: con ellas el Estado llega donde no estuvo antes y en algunos casos como las empresas acopiadoras de oro, almendra, miel, etc., tiende a mejorar la situación de pequeños productores” (pp.9-10)
2.       La sociedad corporativa
Se hace referencia a los actores institucionales corporativos que han sido ampliamente beneficiados por el actual gobierno, con el MAS como dice Molina, como el actor que “representa la unidad de corporativismo” (p.12). Estos actores no han sufrido merma alguna en sus prerrogativas previas a la realización de la Asamblea Constituyente. Se trata de los militares que aún conservan su propio Tribunal de Justicia, sus propias empresas excepcionalmente fiscalizadas además de otras prerrogativas como el servicio militar obligatorio y, un presupuesto fijo inalterado que se destina en una proporción del 80% a salarios de un personal (numeroso) que incorpora al 8,6% del total de servidores públicos bolivianos.[2] Asimismo, la Policía corrió similar suerte. Temas cruciales como la seguridad ciudadana, el fortalecimiento gradual pero efectivo del crimen organizado y el narcotráfico, los linchamientos, el contrabando y/o el rol de la policía en los conflictos sociales no fueron parte de la agenda durante la Asamblea Constituyente, no obstante la ciudadanía exigía cambios inmediatos en una institución percibida mayoritariamente como corrupta.[3] De ese modo, si bien los policías no se sienten los mimados del gobierno, tanto la Constitución como un conjunto de prebendas, desde helicópteros nuevos, edificios y armamento, contribuyen a que se sientan satisfechos con el gobierno. A su vez, las universidades públicas tampoco han visto alteradas sus prerrogativas. La denominada “autonomía universitaria” significó la imposibilidad de evaluar la calidad universitaria desde “fuera” además del incremento constante de los recursos destinados al sistema universitario el presupuesto. Lo propio sucedió con los maestros y su famoso “escalafón”. Téngase en cuenta que el “escalafón no admite la evaluación del desempeño docente y establece la inamovilidad del maestro. El problema se agudiza cuando se comprueba que el 48% de los empleados del sector público son maestros[4] y que el 14% de la inversión pública les corresponde.[5] En todo caso, tanto el sistema universitario como el magisterio acaparan el 21% de la inversión pública.[6] En el caso de las cooperativas mineras, a pesar de que “un trabajador de la minería mediana generó 8,9 veces más que los trabajadores de COMIBOL (mineros de la empresas estatal) y 32,2 veces más que la minería cooperativa y chica”[7] y que “la minería mediana y COMIBOL tributaron 3,2 veces más que las cooperativas”,[8] la cantidad de yacimientos entregados a las cooperativas mineras se incrementó en 697%, subiendo de 47.153 hectáreas en 2006 a 375.074 en 2012.[9] La razón es simple: de los 70.499 ciudadanos que trabajan como mineros, 58.092 lo hacen como cooperativistas, representando un 82,4% del total. Esta condición de fuerza política los favorece al igual que a los cocaleros. La misma Constitución otorgó un reconocimiento privilegiado a la coca, no obstante múltiples productos naturales son igual de originarios y ancestrales. La intención es proteger al sector posiblemente más leal al presidente Morales, a su vez, líder máximo de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. Esta protección asegura que por efecto del narcotráfico “700 millones de dólares ingresen a la economía”, reducidos grupos de poder de este mismo sector empiecen a perfilarse como “nuevos ricos” y la impunidad campee en esa región del país.[10] Téngase en cuenta que 94% de la coca del Chapare se destina al narcotráfico de acuerdo a Naciones Unidas y un 65% de la coca de esta región y Yungas no se destina al mercado legal.[11] Finalmente, en el caso de los gremialistas, se mantiene un régimen tributario que privilegia la evasión fiscal tanto como la elusión. Téngase en cuenta que de aproximadamente 1.500.000 gremialistas sólo 38.000 tributan. El universo general de aportantes es de aproximadamente 350 mil personas, lo que supone que sólo poco más de una décima porción de este total proviene del sector gremial. Además, lo más pernicioso es que esa reducida porción contribuye con menos del 1% del total recaudado.[12] La explicación pasa por el formato tributario dividido en un Régimen General que aporta con casi la totalidad y dos régimen adicionales: el Simplificado y el Tributario, para comerciantes con reducidas cuotas de capital y transportistas de transporte menor. El problema, sin embargo,  es que múltiples sectores acaudalados se hacen pasar por comerciantes y transportistas “pequeños”.
En suma, el cambio prometido posiblemente ha visto menguar su incidencia al calor de las estadísticas: 130 mil maestros, aproximadamente 400 estudiantes universitarios, 50 mil policías y militares, 60 mil cooperativistas, 70 mil cocaleros y más de un millón de gremialistas, hacen un total que más allá del dato específico catapulta a cualquier líder político. Prima el afán electoralista que la promesa de cambio. La democracia se hace electoral, preservando las características señaladas.
3.       La sociedad rentista
Esta sociedad se refiere básicamente a dos actores: las autonomías y los indígenas. Téngase en cuenta que los departamentos tienen sus regalías y los indígenas tienen sus recursos naturales renovables. Ambos elementos son centrales para comprender el apoyo aún sólido a Morales. De acuerdo a ésta, los indígenas se sienten dueños de los recursos naturales. Se sienten con derecho a pedir. Es evidente que ello deja como saldo una estela de conflictividad creciente. Los conflictos se agudizaron una vez que en 1997 se conoció que Bolivia poseía inmensas reservas de gas.[13] Esto quedó ratificado en el sector minero: existe cierta “correlación entre las movilizaciones del sector minero y la evolución de los precios de los minerales de 2005 a 2011. Esta tendencia sugiere que el fuerte incremento de precios ha sido acompañado de una multiplicación de los conflictos mineros”.[14] Es así que “uno de los principales motores de la conflictividad social, es la política neoextractivista del gobierno (….) A pesar de que la Constitución consagra la idea del “vivir bien” en “armonía con la naturaleza”, las actividades generadas por esas políticas se han convertidos en las fuente de los principales conflictos”.[15] No hay pues duda: el gobierno de Morales disparó las expectativas sociales, insuflando la idea de que los recursos naturales “pertenecen al pueblo boliviano”. Sin embargo, en eso reside precisamente el apoyo a Morales: en la convicción de que sí pueden pedir. Lo saben pues como en Huanuni o Mallku Khota, el resultado final les favorece: más concesiones con más impunidad. El apoyo pues difícilmente va a declinar en esas condiciones.
Lo propio sucede con las regalías y otras transferencias hacia las autonomías. Téngase en cuenta que se otorgan aproximadamente 1.500 millones de dólares al año a los gobiernos autonómicos. Sabiendo además que más de dos tercios de los municipios, 8 de 9 gobernaciones y prácticamente todas las autonomías indígenas responden al MAS, es evidente que el apoyo a Morales tampoco podría declinar. Más aun cuando se sabe que aunque la ejecución en 2012 fue de sólo el 52% de los recursos, la cifra absoluta nunca fue tan alta. Nunca se ejecutaron tantos recursos fiscales sub-nacionales. Y encima, la mayor parte de ellos en “obras de cemento”, siempre llamativas.
4.       La sociedad ilegal
Ya la menciona Molina al hablarnos del contrabando y/o el narcotráfico. Sin embargo, no basta con enunciar las cifras respectivas -500 a 1.000 millones de dólares por concepto de contrabando y 1.000 a 2.000 millones de dólares por concepto de narcotráfico- sino de comprender el circuito legal/ilegal que se va tejiendo como plataforma de irrupción de nuevas élites. Quizás al dinero provenga del contrabando pero se blanquea en la importación de productos chinos, la construcción de edificios y/o la compra de una flota de buses. Vale decir, detrás de estos recursos hay un considerable número de actores que van lucrando como nunca antes lo habían hecho en la historia. Considero que el periodo denominado neoliberal promovió una “revolución económica silenciosa” de los sectores más ligados a esas economías ilegales: los comerciantes y los transportistas. Esa revolución se convierte hoy en un régimen. De revolución “burguesa” silenciosa de 1985 en adelante se pasa de 2006 en adelante a un régimen burgués. Éste se caracteriza por la enorme permisividad gubernamental concentrada en lograr pasar de “tener el poder político a tener el poder económico” (García Linera dixit). En él lo ilegal y lo legal se confunden. O para ser más exacto, lo legal adquiere una relevancia menor. Si se requiere tumbar un bosque, atentar contra los derechos de los indígenas (de tierras bajas), contravenir el derecho a la propiedad privada o desafiar acuerdos internacionales sobre autorizaciones de asilo, por citar algunas, se lo va a hacer. La ley puede esperar. Lo que no puede esperar es la posibilidad de hacer negocios. Eso lo saben explotadores de madera, mafias incrustadas en el gobierno que extorsionan, empresas chutas que ganan licitaciones, empleados estatales que se apropian de recursos fiscales de empresas públicas, militantes que aprovechan del Evo Cumple conformando empresas sin experiencia alguna pero con “contactos”, transportistas que importan el diesel venezolano con ayuda gubernamental, empresas estatales que venden alimentos en menor precio a compradores amigos para venderlos en más precio y así un largo etcétera de gente que no sólo acomete irregularidades relacionadas al contrabando o el narcotráfico sino a múltiples actividades. Es gente que claramente se beneficia de este gobierno. Evo, no hay dudas, es su opción.   
5.       ¿Adónde va el modelo patrimonial?
 No hay que pedirle a Molina que responda a esta interrogante. No, su propósito era simple: comprender por qué Evo sigue siendo popular. En mi criterio, la respuesta tiene que ver con los vínculos que el Estado establece con la sociedad no sólo en lo que fue el meollo en la explicación suya: la sociedad asistencial, sino en las otras sociedades. No hay duda que las que quedan fuera de éstas, pueden ser catalogadas como la sociedad residual: algunos empresarios perjudicados, clases medias que trabajaban para el gobierno en anteriores gestiones, funcionarios de ONGs que tienen controlados sus flujos financieros, porciones regionales en especial en Santa Cruz que no se doblegan a los anzuelos patrimoniales, etc. Pero no me quiero quedar con la certeza de que son estos elementos los que hacen popular a Evo. Me interesa concluir brevemente la siguiente reflexión: posiblemente en este escenario descrito Evo es popular pero lo cierto es que su margen de flexibilidad gubernamental es mínimo. Se encuentra en un escenario maniatado por actores que no aportan recursos al Estado, sino le quitan recursos: los actores corporativos reciben recursos públicos, los actores rentistas, indígenas y departamentos los extraen, los actores empresariales estatales los malversan, los actores ilegales ligados al contrabando, el narcotráfico y un largo etcétera los evaden y/o los actores asistidos o sujetos a las políticas asistenciales del gobierno los gastan. Pero ciertamente no hay actores, a no ser marginales, que produzcan recursos públicos.







                                                                                                                                                          




MODELO PATRIMONIAL DE RELACIÓN
ESTADO-SOCIEDAD CIVIL














El modelo que da popularidad a Evo, por ende, corre el riesgo de diluirse en coyunturas internacionales desfavorables. Mientras no sea así y todo este universo de sociedades siga feliz, Evo es el más popular. Sin embargo, ser más popular no significa hacer las cosas bien. Significa distribuir los recursos contentando a “todos” (menos a esa cada vez más pequeña sociedad residual). “Todos” en sus respectivos y diferenciados sitiales en la jerarquía social. La de mayor beneficio es la sociedad corporativa y de ahí hacia la derecha hasta llegar a la sociedad asistencial (por ello las flechas entre sociedades apuntan siempre hacia esta primera sociedad yendo de derecha a izquierda, en tanto las menos relevantes anhelan transitar hacia la de mayor privilegio).
En todo caso, lo que hoy trae popularidad será lo que mañana traiga de vuelta el más insigne mal boliviano: ir en busca de un nuevo recurso. Uno de una renovada ilusión a los bolivianos y haga popular a otros Evos.



[1] Fernando Molina, “¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS en la construcción de un nuevo orden”, en Nueva Sociedad No. 245, de mayo-junio de 2013, pp. 4-14.
[2] Sergio Villarroel, Servicio civil y escalafón híbrido para puestos jerárquicos, FAM/Ministerio de Participación Popular/AECI, La Paz, 2005, p. 37.
[3] Antonio Araníbar (coord..), Policía nacional y seguridad ciudadana, PNUD, La Paz, 2006, pp.141-7.
[4] Sergio Villarroel, ob.cit., p. 37.
[5] Fundación Jubileo,  Destino de los gastos e inversiones del Estado, ¿cuáles son las prioridades?, Fundación Jubileo, La Paz, 2011, p. 15.
[6] Ibid, p. 15.
[7] Jorge Espinoza, “Cooperativas mineras: el actor social emergente”, en Henry Oporto (ed.), Los dilemas de la minería, Fundación Vicente Pazos Kanki, La Paz, 2012, p. 163.
[8] Ibid., p. 165.
[9] Datos del Viceministerio de Cooperativas extraídos de Los Tiempos del 27 de julio de 2013.
[10] Esta es una cifra del propio gobierno, anunciada por el Vicepresidente García.
[11] Declaraciones de César Guedes, funcionario de Naciones Unidas, en La Prensa del 5 de junio de 2012.
[13] José Luis Evia, Roberto Laserna y Stergios Skaperdas, Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia, CERES, Cochabamba, 2008, pp.11-46.
[14] Henry Oporto, art.cit., p 17.
[15] Jorge Komadina, “Conflictos y desafíos políticos e institucionales del segundo gobierno de Evo Morales” en PNUD, Boletín Andamios, PNUD, La Paz, 2011, pp.23-8.

Rodillazo diplomático

El hombre se descontrola. Con el periodista Cala se lo vio iracundo. Es el mismo que rodilló cobardemente a un futbolista. En mis muchos años de futbolista nunca vi cosa parecida. Y no es que no haya visto a una variada gama de “cochinos” (en jerga futbolera) pero que cinco minutos después de la jugada el jugador “lastimado” se acerque alevosamente a plantar un rodillazo traicionero al rival, es cosa seria y, valga la redundancia, nunca la vi. Huay si lo marcas. Se enoja. Y es que el hombre pierde los estribos. Es el mismo que ahora pone el mismo semblante de ira cuando de su boca sale, ya medio descontrolado, la palabra “ese es delincuente”. No habría problema si terminado el partido el impune faulero (sepa usted amable lector que en cualquier cancha del mundo donde se juegue este noble deporte con algo de entereza, el q´ullero del Trópico hubiera sido expulsado ipso facto) se hubiese olvidado del asunto. Pero no, lo grave es que en este caso la cosa comienza cuando acaba el partido. Si señores. Acabo de leer que una comisión de alto nivel conformado por ministros de gruesa talla (Carlos Romero, Nardy Suxo y demás) está tomando un avión (esperemos, debidamente licitado) a Brasil para encargarse de traer de vuelta al “delincuente”.
¿Qué tal? El rodillador hace escuela. El ejemplo cunde. Ya vimos que esta política del rodillazo también se impuso en el caso del director de Página Siete. Imagino la escena en el Palacio. Él, nuestro Primer Mandatario, que poco antes culpó a la prensa de su improvisado mensaje de enero en el que difundió datos vergonzosamente erróneos, seguramente masculló contra el distinguido periodista Raúl Peñaranda (por cierto, creer que la política del rodillazo terminó ahí es una ingenuidad. No creo en el efecto benéfico de esta renuncia y es que el temporal no ha de cesar sólo por este alejamiento). Y es que conviene ponerle nombre y apellido a esto: odio. Es la consolidación de la política del odio que poco beneficio trae. Un periodista bastante despistado casi resume lo sucedido en dos hechos: el fugado es de derecha (o sea, es un delincuente y el presidente se anotó una nueva victoria diplomática. No sé de dónde saca esta conclusión.
Recuerdo que en algún momento el continente americano estuvo flanqueado por dos diplomacias (algo que aún no se zanja): la chavista, insubstancial y agresiva; y la lulista, cauta y útil. Lo demuestra la solución que tuvo lugar en el conflicto entre Ecuador y Colombia (por la “invasión” colombiana, persiguiendo a guerrilleros de la FARC), que fue resuelto sensatamente por el Grupo de Río, haciendo a un lado la retórica de guerra del extinto líder venezolano que propuso respaldar militarmente a Ecuador. Propuesta que no ayudaba a salir del empantanamiento regional. También lo demuestra el caso boliviano en 2008 respecto a lo que el gobierno denominó “el golpe cívico-prefectural”. La solución vino de la mano de UNASUR que dejó claramente establecido que el documento de paz no contemplaría, como exigía Chávez, una denuncia contra Estados Unidos. De haber seguido estos consejos revolucionarios, el asunto se hubiese agravado. No tengo dudas que lo que se considera, para algunos, “un logro diplomático” de Evo, es la continuación de esta política torpe e infructuosa.
¿Saben que sería un logro o un conjunto de logros? Pues no hay dudas: mandar una comisión de alto nivel para impedir que nuestra exportaciones se frenen. Téngase en cuenta que en 2007 establecimos un acuerdo con Brasil para exportar 21 millones de dólares anuales en textiles. Hasta el 2011 el promedio fue menor a 3 millones debido a trabas aduaneras y sanitarias. Esa misma comisión debería negociar que se nos reconozca alguito de los 1.300 millones de dólares regalados a Brasil (y Argentina) que sólo reconoce el precio del gas exportado pero no de los licuables que van junto a él (afortunadamente con las plantas separadoras este problema debería quedar diluido). Esa comisión, claro está, debería explicar al país qué haremos desde 2020 si Brasil llega a aprovechar sus enormes reservas gasíferas de Bahía de Santos. Esa comisión debería negociar con las empresas brasileras para que traigan capital al país. Recordemos que 85 de las 100 empresas latinoamericanas más grandes son brasileras y mexicanas. Y que de los casi 150 mil millones de dólares invertidos por empresas latinomericanas en América Latina, la mitad la invierte Brasil.

Pero, ¿y no ha ido esa comisión a resolver alguito de todo esto? Para nada. La comisión ha ido a traer del pescuezo a Pinto. ¿Qué tal? Estamos frente a la sexta economía del mundo, el quinto país más poblado y la cuarta democracia más grande, y, ¿qué hacemos? De acuerdo al gobierno sólo estamos buscando hacer justicia. Pero si el objetivo fuese ese ya tendríamos a alguien tras las rejas por causa de Chaparina, ya habría algo más sólido respecto a la red de extorsión encontrada y, así, un largo etcétera. No es lo que sucede. Esto es hacer lo que mejor sabe don Evo: descontrolarse y lo que viene después: el rodillazo. 

martes, 30 de julio de 2013

Otra vez el TIPNIS

Con las nuevos descubrimientos de espionaje en relación al TIPNIS se corre el riesgo de policializar el asunto perdiendo de vista el tema de fondo que a estas alturas es complicado reconocerlo. Y es que medran alrededor del tema oportunistas de toda laya que, a nombre de salvar la vida del bosque, se reciclan políticamente. Aterran aún más aquellos que despreciaban la sola presencia de indígenas de tierras bajas (y medias y altas y medio bajas: indígenas al fin) y sin embargo hoy los aplauden por la sencilla razón de que se oponen al gobierno de Morales.
Pero ahí está el problema: ¿en qué consiste esta lucha? Seguramente si fuese Goni quien se empecinase en abrir el camino, don Evo estaría comandando esta batalla por la Pachamama. Por tanto, ¿el TIPNIS es sólo una excelente excusa para colonizar nuevos espacios de poder? Seguro que sí. Y quizás ello resulte incluso legítimo mientras no se pierda de vista el meollo del problema. Pero, ¿cuál es el meollo? Volvemos a la pregunta aunque esta vez con una respuesta extensa provista por el Vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía: el meollo es la lucha contra aquellos hilos del poder mundial que pretenden negar nuestra posibilidad de usar soberanamente nuestros recursos naturales. Abanderados por una nueva ideología: el “ambientalismo” buscan frenar el desarrollo nacional y, así, boicotear al “hermano Evo”. Y para lograrlo se valen de ONGs, hacendados, organizaciones de cooperación internacional y/o oligarquías intermediarias del Oriente, descontando las “ayudas” de los medios de comunicación privados, las autoridades de oposición además de “pequeños burgueses de la ciudad” sensibilizados con la idea del cambio climático y la necesidad de revertirlo.
En esta versión no hay dudas: la lucha por el camino es en verdad una guerra contra el imperialismo y este frondoso bosque es sólo un renovado campo de batalla. Y esta batalla hay que ganarla. Y es por ello que la actitud del gobierno debe ser firme. No puede hacerle juego al capital internacional. Un capital que se vale de la legislación nacional creada a su imagen, de renovados discursos ideológicos de legitimación –el medio ambiente-, de una sociedad civil organizada -las ONG´s de supuesto tinte progresista- y hasta de la “defensa” de la multiculturalidad y los pueblos indígenas, para expandirse libremente.
El silogismo es obvio: si el capital transnacional está detrás de todo lo que ocurre, y si las leyes, el medio ambiente, las organizaciones sociales y/o los grupos indígenas están de su lado, entonces sólo queda, en lenguaje militar garcialinerista, vencerlos. Eso es lo que queda detalladamente explicado en el documento mencionado. ¿Es verdad? Seguro que sí. Pero son sólo medias verdades. ¿Hay hacendados que quieren lucrar? Sí. ¿Hay ONGs que se oponen al gobierno? Sí. ¿Hay indígenas que quieren engrandecer su imagen a costa del hermano Evo? Sí. ¿Hay empresarios cruceños que temen la competencia que podría provenir del Beni? Sí.
Pero para ser sinceros, estas respuestas afirmativas no dicen mucho. Son elementos propios de cualquier constelación de fuerzas. Ello, sin embargo, no debe de ninguna manera sacarnos de la vereda del camino. Y ese camino tiene que ver con el diseño capitalista que se va delineando, bifurcado en dos tipos ideales: o se preserva un capitalismo extractivista o se impulsa un cambio de matriz no sólo económica sino cultural, orientada a expandir un modelo de economía diferente. Y la supuesta lucha contra el Imperio que muestra este portavoz gubernamental, debe quedar archivada en nombre de una auténtica lucha por ese modelo. Y es que de una vez hay que decirlo: ¡Vicepresidente, la cosa no es invento imperial! El mundo corre peligro. Un peligro real, que esta teorización conspirativa del segundo mandatario, subestima.
Estamos pues frente a un elegante panfleto que, a nombre de la lucha contra el imperio y sus corifeos locales, dice menos de lo que aparenta. Calla más de lo que dice. Pero, entonces ¿qué calla? No lo sabemos a ciencia cierta. Se tejen algunas hipótesis: aupar a una nueva oligarquía terrateniente cocalera; proteger a determinadas fracciones narcotraficantes; redituarse como burguesías burocráticas con los “favores” otorgados por la empresa adjudicataria y/o hundir a la oligarquía cruceña a tiempo de catapultar a su propia oligarquía beniana (aquí se aplicaría aquella frase de Roosevelt: “estos oligarcas benianos serán unos hijos de puta pero van a ser nuestros hijos de puta”).

¿Cuál es cierta? Podría ser cualquiera o podrían ser todas. Lo cierto es que no lo sabemos con exactitud en un terreno propenso al romanticismo ambientalista, el “oportunismo verde” o el militarismo oficialista. ¿Hay forma de aproximarnos a una respuesta menos sesgada? Quizás sí, y eso es lo que hay que buscar. Sólo así tendremos más argumentos para hacer frente a una serie de montajes publicitarios –como el libro citado- que ponen en riesgo el meollo comentado: la necesidad de apuntar el modelo de desarrollo boliviano hacia “algo” que no tenga que ver con este capitalismo extractivista. “Algo” que nos ofrezca una utopía en que creer.

El Grito Libertario del 16 de julio de 1809, entre enfoques segregacionistas y medias verdades

Nuestro Vicepresidente tildó de colonialista al Alcalde Revilla porque éste rescata la historia del 16 de julio reivindicando a don Pedro Domingo Murillo. Lo verdaderamente rescatable según esta autoridad es la lucha anti-colonial librada por los próceres indígenas de 1781, olvidados por la historia independentista. ¿Es extraña esta argumentación de la segunda máxima autoridad política del país? En verdad no, no es extraña. Todo lo contrario: es absolutamente previsible. Todas las eras políticas lo han hecho, aquí y en otras latitudes, usando la historia como pretexto para justificar acciones políticas del presente. La historia es leída desde los apremios de la coyuntura que se vive hoy. Y hoy la premura reside en indigenizar cualquier relato. No sería extraño tampoco, por ejemplo, escuchar de labios vicepresidenciales que la hazaña futbolística de 1964 de nuestro seleccionado vencedor de la Copa América, reunía jugadores de raigambre aymara. No, no lo sería. La idea es mostrar algo que no pasó pero que requiere que sea así para contentar a los líderes de turno y/o a sus corrientes de pensamiento. Dicho esto conviene recordar que la abundante bibliografía de este suceso histórico –se han escrito 469 estudios, 114 en el siglo 19 y 355 en el siglo 20- ofrece la posibilidad de mostrar que algunas corrientes de pensamiento fueron dominantes a efectos de politizar/dar una lectura coyuntural del pasado. Baso esta explicación, con las simplificaciones del caso, en el excelente libro recién publicado por diversos autores a la cabeza de la notable historiadora Rossana Barragán, Reescrituras de la Independencia. Actores y territorios en tensión, Coordinadora de Historia/PLURAL/Academia Boliviana de la Historia, La Paz, 2013.
Una primera corriente del siglo 19 puede denominarse regionalista. Incluye textos como el de Juan Muñoz Cabrera, La guerra de los 15 años; de Manuel María Pinto, La Revolución de la Intendencia de La Paz además de otros más conocidos como Memorias o el Álbum del 16 de Julio. En ellos, matices más o menos, la tesis que se pretende mostrar es simple: o Sucre o La Paz fueron las ciudades pioneras en la Independencia. Los argumentos giran en torno a la necesidad de beneficiar a una de estas regiones en desmedro de la otra. El argumento fue pues notoriamente político, teniendo en cuenta que lo que se jugaba en aquella época era la capitalía misma.
Una segunda corriente, de la mitad del siglo 20, que bien puede señalarse como criollista incluye diversos textos, entre lo que resalta la Historia de Bolivia de Arguedas. En ella lo que predomina es una visión muy propia de la época, signada por lo que dio en llamarse el “darwinismo criollo”, que en pocas palabras alude al deceso inevitable de la raza inferior, en nuestro caso se trata de la raza indígena. En esta óptica la Independencia desde La Paz, desde su Junta, estaba condenada al fracaso por el hecho singular de que un cholo estaba a la cabeza. ¿Estando un criollo como Pedro de Indaburu en condición de liderar la Revolución como podía este “populachero, tornadizo e inestable”, que a la postre traicionó a sus compañeros, pretender dirigir a los insurrectos? Imposible: un inferior no podía dárselas de líder. Resultado: derrota inminente de los sublevados. Otra interpretación acorde a las necesidades de poner en evidencia la inferioridad de aquellos que en 1899 osaron levantarse contra los “blancos” (Zarate Willka).
Una tercera corriente, de inicios de la segunda mitad del siglo 20, bien podría bautizarse como nacionalista. El famoso libro de Carlos Montenegro sobre Nacionalismo y Coloniaje sintetiza la visión política de la fecha. Para él el 16 de julio congregó a indígenas, mestizos y criollos en un mismo afán: liberarse del yugo español. Liberarse de la “antinación”. Montenegro intenta mostrar que lo virtuoso de la Revolución del 52, que fue la alianza de clases contra la Rosca anti-nacional, tuvo ya un primer embrión en 1809. Lejos de recabar en las diferencias entre los grupos, él se aboca a mostrar las similitudes. Al hacerlo, sin dudas, simplifica la realidad contraponiendo la fuerza social “nacional” contra la arrogancia imperial española. 1809 prefigura 1825 e incluso 1952. No hay dudas que esta interpretación no es menos proclive a ensalzar el presente echando mano de la historia.
Finalmente, una cuarta corriente de principios de milenio, podría ser nombrada como indigenista. En ella la idea consiste en realzar lo indígena en desmedro de criollos, españoles y mestizos, todos ellos fusionados en un solo ser colonialista. Ya se señala la investigación de un historiador aymara para quien Murillo fue quien ayudó a apresar a Tupak Katari. La lógica subyacente a este trabajo es obvia: 1781 no tiene nada que ver con 1809. 1781 fue una poderosa sublevación indígena anti-colonial mientras 1809 fue su antípoda, la síntesis del colonialismo pero por otra vía: el colonialismo interno. Se trata efectivamente de otra interpretación que encaja perfectamente con los postulados de García Linera.
¿Significa ello que no hay una interpretación única y que todo se mide con la vara política de una época en particular como lo demuestran las corrientes regionalistas, criollistas, nacionalistas e indigenistas? No, definitivamente no. Por ello es remarcable comprender las tesis principales del libro de Barragán y sus colegas. Una primera tesis desmiente la marcada rivalidad que existió entre La Paz y Sucre. En realidad, ambos sucesos en mayo y en julio forman parte de un mismo movimiento, entrelazado a diversos hitos, excepcionalmente antagónicos entre sí y, por el contrario, unidos por la misma causa: la remezón que causó la invasión napoleónica en España.
Una segunda tesis desmiente la supuesta dualidad entre independentistas enfrentados a los fidelistas o leales al Rey. En verdad, las muchas juntas que tuvieron lugar en América Latina tanto como en España (recordemos la Junta de Sevilla) apuntaron a defender al Rey Fernando VII. Todas fueron propiamente fidelistas o leales a la Corona. La diferencia reside en las formas que adoptó el fidelismo. Por un lado, estuvieron aquellos que se plegaron a la monarquía al margen de la persona (lo que equivale a decir que apoyaron a la Corona y a sus autoridades aunque éstas fueran invasoras). Por otro lado, estuvieron aquellos que defendieron un modelo alternativo: la monarquía constitucional apuntalada por lo que fue en Cadiz el último bastión de defensa del reino. Fue un movimiento propiamente liberal que llegó incluso a contar con representantes de las colonias. Y finalmente, la conformación de juntas en las propias colonias. Este es nuestro caso. No hubo sincronía entre todas ellas más que en un propósito: defender la Corona. Nadie hablaba de Independencia (o sólo se lo hacía marginalmente).
Una tercera tesis desmiente la contraposición entre criollos versus españoles (“los criollos cansados de ser ciudadanos de segunda, decidieron liberarse de los españoles”). Es cierto, como lo menciona esta investigación, que el 85% de los puestos en los Virreinatos, Clero, Cabildos, Audiencias, Capitanías y demás eran detentados por españoles. Sin embargo, ello no significa que la cuestión se remita a dos actores coaligados entre sí frente a su adversario. No, en verdad, la lucha fue mucho más compleja, interviniendo actores con intereses particulares como la Universidad o los Cabildos y, muy especialmente élites locales de todo tipo, relativamente articuladas entre sí por diversas redes clientelares. El interés a defenderse era propiamente faccional/local más que de un bloque criollo compacto cansado de ser “extranjeros en su propia tierra”.
Una cuarta tesis desmiente la posibilidad de que la pugna haya sido entre criollos/mestizos y españoles contra indígenas. En verdad, los indígenas se sumaron a diversos bandos en su condición de oficiales, soldados o milicias indígenas. Su rol, por tanto, tampoco fue compacto. Inclusive se tiene plena certeza de que participaron en procesos electorales municipales (entre otros como el de la misma selección de representantes en Cádiz), como vecinos-ciudadanos, poniendo en evidencia que su presencia estuvo marcada por diferentes rutas, ni menos faccionales y corporativas que en el caso previo.
Finalmente, una quinta tesis desmiente la supuesta rivalidad entre revolucionarios versus no-revolucionarios o revoltosos, tratando de dejar en claro que en Sucre se llevó a cabo un motín y en La Paz una revolución. En verdad, lo que hoy se conoce como Revolución, entre otras categorías del marco teórico sobre “violencia política” como ser guerilla, revuelta, terrorismo, etcétera, es un concepto nuevo. Téngase en cuenta, sólo como parangón, que la noción de “Revolución Industrial” no fue usada por quienes la hicieron realidad, sino por compatriotas suyos nacidos una o dos generaciones después. Lo propio sucede con el concepto de “nación” que es una categoría moderna (no había propiamente las naciones indígenas antes de la colonia). Por tanto, evaluar aquella coyuntura con conceptos de esta era puede ser sino errado al menos controversial.
En suma, aquellas interpretaciones que segregan –nuestra región contra la tuya; criollos contra cholos; nacionalistas contra no nacionalistas y, ahora último, indígenas contra no-indígenas- ameritan ser revisadas. Ello no quita brillo al grito libertario pero lo sitúa en una justa escala.        

Publicado en La Razón: 28 de julio de 2013   

lunes, 18 de febrero de 2013

El legado paradójico de Evo

Publicado en el Suplemento Ideas de Página Siete.
11/01/2013


Las declaraciones del presidente Morales acusando a Estados Unidos de lo que viene ocurriendo con la red de extorsión, la ya clásica irresponsabilidad del ministro Quintana hablando mal de media tierra sin prueba alguna o la ratificación de Nardi Suxo generan un efecto perverso: entronar a los analistas del día a día, sucumbiendo a la reflexión de la coyuntura. 

El debate se “futboliza”, perdiendo de vista lo que podría comprenderse como las consecuencias de mediano plazo. De manera muy somera, conviene preguntarnos qué se dirá del Gobierno de Morales en algunas décadas, que no sean simplemente las “evadas” o “antievadas”.

Me atrevo a sugerir que el cambio que se anuncia verdaderamente se producirá. Sólo que de modo menos acorde a lo que se supuso sería el largo pero seguro recorrido hacia el vivir bien/socialismo comunitario. 

Por el contrario, lo que se dirá de esta (casi) década es que consolidó una verdadera revolución burguesa (sin burguesía), comandada por actores de raigambre indígena. Dos condiciones serán propicias: el notable auge económico y la permisividad política gubernamental. 

El auge propiciará el parto de élites comerciantes, transportistas, narcotraficantes, chuteras, contrabandistas, importadoras, y/o constructoras, entre otras. 

La permisividad política hará que todas ellas infrinjan impunemente la ley a efectos de lograr el ansiado proceso de “acumulación originaria de capital”, sea involucrándose abiertamente en actividades delictivas (casos narcotráfico y contrabando), sea manteniendo condiciones institucionales funcionales a lograr un mayor lucro: 

No pago de impuestos (o pago mínimo), salarios bajos a los empleados (muchas veces ahijados), inexistencia de seguros sociales, no entrega de indemnizaciones por despido, preferencia por mano de obra sumisa y barata (mujeres y, sobre todo, niños), entre otros rasgos. 

Primera paradoja: indígenas o ciudadanos de origen indígena empoderados económicamente en el marco de un capitalismo notoriamente perverso.

Se dirá también que esta época se promovió una verdadera “revolución espiritual”, por decirlo de algún modo. Una suerte de Ilustración propia en el sentido estricto de la palabra: como revolución del individuo. 

Vale decir, entendiendo por ella la posibilidad de quebrar las amarras de la superstición, la apología a dioses tutelares y seres demiurgos (los achachilas) que preservan, así, lo comunitario, en favor de un “despegue” personal, en el que el éxito de los indígenas de hoy no será colectivo, sino individual. 

No se propiciará una descolonización como suceso comunitario sino como suceso o múltiples y disconexos sucesos individuales (no entrelazados entre sí, a no ser causalmente). 

Parece errado afirmar esta tesis precisamente en un presente en el que las ceremonias religiosas indígenas son moneda corriente. Sin embargo, paralelamente, de forma silenciosa, ocurren acontecimientos más ligados a esta peculiar Ilustración: el número de universidades indígenas se ha incrementado, así como el cupo de estudiantes de origen indígena.

Muchas carreras han sido copadas por estudiantes de extracción aymara (por ejemplo, en la carrera de historia de la UMSA el 85% de ellos se autodefine como aymara; la carrera de biología, en la que tres de cada cinco estudiantes provienen de familias aymaras, o la carrera de estadística, donde su porcentaje alcanza al 90%). Todos ellos influirán (e incluso brillarán) por mérito propio y no por su filiación colectiva. 

Segunda paradoja: indígenas “ilustrados” guiarán al país (no necesariamente de modo eficiente, pero sí lo harán), seguramente legitimando el discurso globalizador, más arrimado a sus propias actividades personales.

También se dirá que se promovió una “revolución de las clases medias”. Del mismo modo que muchas monarquías se aliaron a sectores ascendentes, dándoles puestos en lo que sería la “administración pública”, para lograr debilitar a sectores de la nobleza, tradicionalmente poseedores de esos privilegios, Evo Morales impulsó un cambio en el sector público a efectos de debilitar lo que fue siempre un bastión de las clases medias leales a los gobiernos “neoliberales”. 

Un cambio no de comportamiento, apuntando a lograr una gestión pública eficiente. Nada más alejado de sus intenciones. El cambio, por ende, se dirá, fue “sólo” de piel. 

Sin embargo, sólo una visión muy chicata podría ver esto como un asunto sólo de gestión. En verdad, el empoderamiento de “otras” clases medias a costa del sector público (al menos durante una generación hasta que se generen ciertas capacidades), se comentará, vino aparejado de familias contrayendo créditos de vivienda, haciendo estudiar a sus hijos en colegios privados, consumiendo más y mejor. 

Esta “urbanización de lo indígena”, tercera paradoja, tendrá poco que ver con la idealización que la ideología oficial hace del mundo rural e indígena (en sentido tradicional). 

Incluso este mundo, el rural, terminará por empoderar a reducidos sectores agrícolas (oligarquías indígenas), plenamente incorporadas a una vida regida por el mercado. 

Por ende, se dirá que la revolución evista triunfó, pero como una revolución burguesa, individualista y consumista.